México: PEN International, alarmado por el aumento de los ataques contra periodistas y voces críticas

Recuperado de PEN International:

«México atraviesa un momento preocupante para la libertad de expresión. Los ataques contra periodistas, las campañas de desprestigio, las amenazas y el uso de mecanismos legales para restringir la labor periodística generan un efecto disuasorio que afecta a la sociedad. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo», afirmó Burhan Sonmez, presidente de PEN International.

11 de junio de 2026: PEN International expresa su preocupación por el aumento de la violencia, los ataques, el acoso judicial, la estigmatización y la criminalización de los periodistas en México durante las últimas semanas. Estos incidentes, que tienen lugar en un momento en que México se dispone a coorganizar la Copa Mundial de la FIFA, son representativos de un deterioro significativo de las condiciones del país para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como de la seguridad de quienes investigan, informan y participan en el debate público.

El 21 de mayo de 2026, varios periodistas se encontraban entre las varias detenidos en el estado de San Luis Potosí en virtud de una legislación recientemente modificada relativa al uso de la inteligencia artificial y los contenidos digitales, que ha sido muy criticada por su redacción excesivamente amplia y ambigua. Mientras que la puesta en libertad de las personas detenidas en virtud de estas disposiciones se anunciara el 6 de junio de 2026, su detención sienta un peligroso precedente para la criminalización del periodismo.

También en mayo, el Gobierno mexicano anunció la ampliación de«Detector de Mentiras» (Lie Detector), pasando de ser un segmento de la rueda de prensa diaria de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a convertirse en un programa de televisión específico diseñado para identificar públicamente la información sobre el Gobierno publicada por los medios de comunicación y en las redes sociales que el Gobierno considera «noticias falsas».

Ese mismo mes, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo declaraciones contra el conglomerado mediático TV Azteca, acusando a la cadena de difundir información falsa e instando al público a no consumir sus contenidos. Si bien la crítica a los medios de comunicación forma parte del debate público, los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar una retórica que pueda contribuir a la estigmatización de los periodistas y los medios de comunicación. Libertad de expresión organizaciones han advertido contra convertir las ruedas de prensa oficiales o el programa «Lie Detector» en «tribunales» mediáticos dirigidos contra los reporteros y los medios de comunicación independientes, ya que tales prácticas pueden alimentar narrativas estigmatizantes, agravar la hostilidad pública hacia la prensa y socavar las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo.

El 28 de mayo se debatió una reforma constitucional relativa a la denominada «injerencia extranjera» en los procesos electorales debatida y aprobada. La reforma permite la anulación de las elecciones cuando se haya demostrado que los resultados electorales han sido influenciados por actos de injerencia extranjera. Diversos sectores han expresado su preocupación por el alcance de la enmienda y el posible impacto que ciertas interpretaciones puedan tener en las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales y otros participantes en el debate público, incluida la cobertura periodística de asuntos nacionales realizada por medios de comunicación internacionales.

La organización también está profundamente preocupada por el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio de comunicación Pulso Informativo del Sureste, en Nanchital, Veracruz, el 2 de junio de 2026. Según informes , hombres armados hombres irrumpieron en su domicilio y la secuestraron delante de su familia. En el momento de la publicación, la periodista sigue desaparecida. PEN International se une a las organizaciones nacionales e internacionales para exigir una investigación urgente, transparente y eficaz, así como medidas inmediatas para localizar y proteger a la periodista y a su familia.

El 24 de mayo, el columnista y periodista Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, fue objeto de amenazas de muerte contra su familia, tras su publicación de una publicación en redes sociales en la que expresaba su preocupación por la falta de transparencia de los funcionarios públicos. En el mismo estado, el 3 de junio, la periodista América Armenta denunció amenazas relacionadas con su labor periodística. Una página de Facebook difundió acusaciones falsas con el objetivo de vincularla a grupos criminales, una práctica especialmente peligrosa en contextos marcados por la violencia relacionada con el crimen organizado.

Por otra parte, el 6 de junio se hizo público que la periodista Adela Navarro Bello, redactora jefe del semanario Zeta, había sido había sido objeto a una retórica estigmatizante destinada a desacreditar su trabajo mientras cubría un incidente violento en el norte de México que se cobró la vida de doce personas. Esto la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, tal y como documenta ARTICLE 19, que demuestra que muchas agresiones físicas contra periodistas van precedidas de violencia en línea.

En su Lista de casos de 2026, PEN International documentó un aumento de las acciones legales contra escritores y periodistas como medio para silenciar la expresión crítica. El entorno de la libertad de expresión en México se enfrenta a una convergencia de amenazas directas y al uso indebido de mecanismos judiciales, incluidos procedimientos sancionadores administrativos, denuncias por difamación, acusaciones de violencia política de género y litigios civiles y penales destinados a impedir la publicación de investigaciones periodísticas.

La información y los incidentes mencionados, que han tenido lugar en poco más de un mes de debate público en México, ponen de manifiesto tendencias muy preocupantes que afectan a la libertad de expresión y al espacio cívico.

PEN International insta a las autoridades mexicanas a que pongan fin de inmediato al uso indebido de mecanismos penales, civiles y administrativos para intimidar a periodistas, autores y voces críticas; a que garanticen la seguridad y la protección de los periodistas en situación de riesgo; y a que se aseguren de que ninguna medida destinada a combatir la desinformación restrinja la actividad periodística legítima ni el debate público.

Nota 

• Para más información, póngase en contacto con:  Alicia Quiñones, directora de la región de las Américas de PEN International

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• Para consultas de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Sabrina Tucci, directora de Comunicación y Campañas de PEN International

Fuente : https://www.pen-international.org/