Las empresas a las que se les adjudicaron contratos de seguridad en el aeropuerto más grande de México tenían vínculos con presuntos traficantes de armas
- 13 jul
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Mientras México es sede de la Copa del Mundo, la MCCI informa sobre las acusaciones de tráfico de armas contra dos hombres que estuvieron vinculados a empresas que ahora se encargan de la seguridad aeroportuaria.
Para cuando termine la Copa del Mundo este mes, se estima que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habrá recibido 5.5 millones de pasajeros adicionales, con aficionados al fútbol de todo el mundo que se han dado cita en el país.
Muchas de esas llegadas pasan por puntos de inspección custodiados por empresas vinculadas a dos hombres que, según sospechan las autoridades, suministran armas a los cárteles de la droga.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), socio mediático de OCCRP, ha descubierto que a estas dos empresas —SERPROSEP S.A. de C.V. y Armour King S.A. de C.V.— se les adjudicaron el año pasado contratos de tres años para la seguridad del aeropuerto.
El documento de registro de SERPROSEP, con fecha de 2022, menciona a Jorge Enrique Alberts Ponce y a Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga como sus copropietarios.
Alberts es objeto de una orden de aprehensión federal de noviembre de 2025, mientras que Sainz de la Maza aparece mencionado en la investigación como su presunto socio. Sainz de la Maza Zúñiga no es buscado por las autoridades.
Los periodistas no pudieron obtener información sobre la propiedad actual de SERPROSEP SA de CV. Esto se debe a que el registro en línea no está actualizado y la ley mexicana no exige que las empresas suban documentación vigente. En cambio, las empresas pueden realizar cambios y presentar documentos físicos a través de un notario.
Sin embargo, a los periodistas les resulta difícil obtener los documentos físicos, y ello implicaría contratar a un abogado para solicitar a las autoridades que los divulguen en aras del interés público.
Un portavoz de SERPROSEP afirmó por correo electrónico que sus accionistas «no tienen conexión alguna» con Alberts ni con Sainz de la Maza Zúñiga.
Los periodistas solicitaron documentación que mostrara el historial de propiedad y pruebas de que Alberts no figura entre los propietarios de la empresa, pero SERPROSEP se negó a proporcionarla.
El portavoz de SERPROSEP afirmó que la empresa «ha cumplido plenamente» con la ley y con las obligaciones contraídas en el marco de la licitación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Los contratos muestran que Alberts era representante autorizado de otra empresa proveedora de servicios de seguridad llamada Armour King, mientras que Sainz de la Maza figuraba como comisionado en un documento de constitución de 2019.
Ni Alberts ni Sainz de la Maza respondieron a las solicitudes de comentarios. Armour King tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
La Fiscalía General emitió la orden de aprehensión contra Jorge Enrique Alberts Ponce en noviembre de 2025 —cinco meses después de que comenzaran los trabajos relacionados con los contratos del aeropuerto—. Los periodistas verificaron su identidad al comparar el código único de identificación nacional que figura en la orden con el código de Alberts que aparece en el documento corporativo.
Según la orden de aprehensión, los fiscales acusaron a Alberts de delitos de crimen organizado relacionados con el presunto robo de hidrocarburos y el tráfico de armas de fuego.
La Fiscalía General alega que Alberts controlaba cinco empresas diferentes —ninguna de las cuales recibió contratos aeroportuarios— para adquirir y canalizar armas hacia organizaciones criminales, incluidos los cárteles de la droga. Supuestamente, Alberts llevó a cabo esas actividades en coordinación con Sandalio Sainz de la Maza y varias otras personas.
Los fiscales alegan que las empresas de seguridad obtenían armas de fuego que luego eran manipuladas —por ejemplo, alterando o eliminando los números de serie— antes de ser distribuidas a organizaciones criminales, incluidos los cárteles de la droga.
La orden de aprehensión cita llamadas telefónicas intervenidas en las que Alberts presuntamente «dirige su actividad delictiva, el tráfico y la venta de armas de fuego». Según la orden, entre los clientes se encontraba «un líder del Cártel del Golfo».
El AICM afirmó que no tenía conocimiento de que las mismas personas estuvieran involucradas tanto en SERPROSEP como en Armour King, y que no sabía nada sobre la orden de aprehensión contra Alberts que se emitió después de que se adjudicaran los contratos.
«En el momento de los procedimientos de contratación, las decisiones se basaron en la información oficial disponible y en la documentación presentada por los participantes, de conformidad con la legislación aplicable y los requisitos estipulados en la convocatoria de licitación», señaló la AICM en una respuesta por correo electrónico a las preguntas.
«La seguridad es una prioridad permanente», agregó la AICM.
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